La disputa llegó a Washington, donde juezas, jueces y organizaciones se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar los efectos de la reforma y exigir que se proteja la independencia judicial como un derecho humano. A las puertas de la CIDH colocaron una ofrenda que simbolizaba la “muerte” de la justicia; mientras, dentro de la sala, la delegación oficial reconocía que no hubo un diagnóstico sólido que sustentara los cambios. La Comisión dejó sentado que lo que ocurría en México no era un asunto aislado: puede marcar el rumbo de la independencia judicial en toda la región.

El 12 de noviembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia pública luego de las peticiones hechas por el Colectivo #LaJusticiaQueQueremos, así como por distintas asociaciones y grupos de personas juzgadoras. A estas también se sumó la carta que 800 magistrados de todo el país habían enviado a la CIDH en la que denunciaban que la reforma tenía un trasfondo “autocrático”.

A la cita en Washington llegaron decenas de personas juzgadoras y representantes de la sociedad civil. Horas antes del encuentro, trabajaron de manera conjunta para exponer los argumentos y lanzar las preguntas sobre la pertinencia o no de la reforma judicial en México. Estuvieron Juana Fuentes y Emilia Molina, entre otras personas juezas, magistradas e integrantes de la sociedad civil.

Javier Laynez Potisek fue el único ministro de la Corte que los acompañó, pero en una posición más solidaria que representativa. Ningún otro miembro del máximo tribunal del país estuvo ahí para respaldarlos o participar en la sesión de la CIDH.

Laynez dejó la corbata y la toga para hablar de iguales con las personas juzgadoras y de la sociedad civil que enfrentarían la última batalla contra la reforma judicial. Les agradeció por su iniciativa y permitirle estar con ellas; las escuchó y tomó notas.

Al final de la reunión sólo hizo algunas recomendaciones, pero una de ellas terminaría siendo relevante en la sesión. Les dijo que pidieran el diagnóstico, las metodologías y estadísticas que el gobierno mexicano hubiera hecho para llegar a la conclusión de que había corrupción y conflictos de interés en el Poder Judicial.

El ministro sabía perfectamente que nunca lo hubo. “No hay diagnóstico, existen percepciones, opiniones, discursos que además no distinguen entre policías, fiscalías, jueces, locales y federales”.

Para contrarrestar el discurso oficial sobre la ‘mayoría’ apoyando y aprobando la reforma, Laynez Potisek fue enfático en su propuesta de contrarréplica: “esto no es cuestión de mayorías. Se violenta o no la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás convenciones internacionales que prevén la independencia judicial no como privilegio, sino como derecho humano de los ciudadanos”.

La muerte de la justicia

El día de la sesión, al llegar a la sede de la CIDH, un grupo de juezas y magistradas colocó una ofrenda a la entrada del edificio. Con cruces y calaveras representaron “la muerte de la justicia y del Estado de Derecho ante un sistema que bloquea uno de los tres Poderes y coopta todo el contrapeso para que exista una democracia”, explicó Juana Fuentes.

Emilia Molina, argumentó que “aunque es demasiado tarde para deshacer muchos de los cambios perjudiciales que ha traído consigo este proceso de reforma politizado, no es demasiado tarde para reparar esos daños”. Por eso estaban ahí.

Durante la comparecencia, llamó la atención que mientras las personas activistas y juzgadoras abarrotaron la sala, la delegación de la representación del gobierno mexicano fuera tan reducida en número. Apenas dos personas: José Antonio Montero Solano, director general de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica de la Presidencia, y Luz Elena Baños, representante permanente de México ante la OEA.

Esto muestra “la imposibilidad de sostener una reforma como ésta”, porque “hay narrativas que pueden funcionar a nivel interno, pero que a nivel internacional ya no funcionan”, explicó Úrsula Indacochea, directora del programa de independencia judicial de la Fundación para el Debido Proceso, una organización con más de dos décadas dedicadas a promover la justicia.

Así fue. Cuando Emilia Molina –secundada por los comisionados– preguntó sobre la falta de consulta y análisis para implementar la reforma, la respuesta de la delegación de funcionarios mexicanos confirmó lo que todos sabían, pero que en ese espacio resultaba aún inaudito.

“No existe un diagnóstico. Sin embargo, desde el 2017 hay análisis, hay diagnósticos, hay artículos que establecen la necesidad de reformar al Poder Judicial”, dijo José Antonio Montero Solano. En eso se basó una reforma que removió a miles de jueces de carrera y acabó con la independencia judicial.

La comisionada de la CIDH, Andrea Pochak, afirmó que la Comisión tenía preocupación por el caso mexicano, porque reformas similares en otros países han demostrado conllevar "riesgos" de una "mayor deslegitimidad del sistema judicial". De ahí que la CIDH monitorería la implementación de la reforma judicial. “Tender a la democratización de la justicia no puede ir en contra de otro principio básico del sistema interamericano, que es el de la independencia judicial", sentenció.

La historia culmina en las urnas: una elección judicial con una participación apenas el 13%, boletas extensas y difíciles de comprender, campañas de personas candidatas que recurrieron a TikTok con bailes, eslóganes y apodos para atraer votos, y “acordeones” repartidos entre el electorado para indicar exactamente qué números marcar, de modo que los principales cargos terminaron en manos de perfiles cercanos al partido en el poder. La misión de observación de la OEA señaló las serias deficiencias de este modelo y advirtió que no debería replicarse en otros países de la región.

El 1 de junio de 2025 se consumó el principal señalamiento de la reforma: se perdió la independencia judicial. Además, la elección no fue para “el pueblo”, como tanto insistió el régimen, pues únicamente acudió a las urnas el 13% del padrón electoral. Es la más baja participación en un proceso electoral. Sólo este hecho pone en entredicho la legitimidad de los nuevos ministros y jueces.

Mientras la carrera judicial implementada tras las reformas de 1994-1995 buscó que, mediante reglas públicas para el ingreso, formación, promoción y evaluación del personal del Poder Judicial, llegaran los mejores perfiles con base en el mérito y la igualdad de oportunidades, la elección judicial de 2024 acabó con eso.

En su lugar, hubo candidatos que hicieron “campaña” en redes sociales presentándose como alguien "más preparado que un chicharrón", haciendo énfasis en sus credenciales académicas; con motes como "Dora la Transformadora" –para dar a entender su cercanía con la Cuarta Transformación (4T), el proyecto político del ex presidente Andrés Manuel López Obrador– o bailando en tik tok. Nada de esto podría confirmar su capacidad y mucho menos fue prueba de sus conocimientos para lograr la ansiada justicia, como prometía la reforma judicial.

 
Los resultados comprobaron que los ganadores son, en realidad, allegados al partido Morena. Significó que el movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador se hizo del control del último de los poderes de la República que fungía como contrapeso, luego de retener el Ejecutivo, y de que el Legislativo, con mayoría calificada, se dedicara sólo a levantar la mano para aprobar sus reformas de ley, incluso, sin leerlas.

El partido en el poder aseguró que ciertos candidatos elegidos por los comités de selección (cuyos integrantes también tenían cercanía con Morena) resultaran ganadores mediante la difusión de “acordeones”, es decir, papeletas donde aparecían los números asignados a los candidatos favoritos del movimiento, para instruir a sus seguidores cómo votar.

La improvisación de la elección y los 881 cargos federales a elegir en 2025 hicieron que las boletas diseñadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) se convirtieran en las más complejas de la historia democrática del país. Cada elector recibió seis boletas federales para elegir a Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior del TEPJF, de las Salas Regionales del TEPJF, magistrados de circuito y jueces de distrito.

Sólo para la Corte hubo 64 personas candidatas y 38 en el Tribunal de Disciplina, cada una identificada con un número. Los electores debían colocar en unos recuadros el número de su candidato de preferencia.

De ahí que la posibilidad de combinaciones en cada papeleta era exponencial, pero resultó que los ganadores formaban parte de las mismas combinaciones previstas en los “acordeones”, con variantes de acuerdo a los puestos locales por estado.

Esos documentos fueron repartidos por miembros y simpatizantes de Morena y funcionarios públicos semanas antes de la elección, como documentaron distintos medios de comunicación y la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En su informe expuso que “en los últimos días de las campañas se multiplicaron las denuncias en los medios de comunicación sobre el supuesto reparto de "acordeones" por parte de partidos políticos y estructuras de gobiernos locales entre el electorado. Además, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y funcionarios del INE informaron a la Misión haber recibido denuncias al respecto”.

Aún así, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvieron que no había pruebas suficientes para iniciar una investigación al respecto.

La mayor prueba del efecto de los acordeones fueron los resultados. Los ganadores resultaron ser exactamente los mismos que aparecían en ellos, lo que también confirmó la OEA.

La Misión observó que las nueve candidaturas con la mayor cantidad de votos para la Suprema Corte fueron promovidas mediante estos ‘acordeones’, tanto físicos como virtuales. Se constató, además, que seis de los nuevos ministros fueron postulados por el comité del Poder Ejecutivo y los tres restantes eran integrantes de la corte actual nombrados por el expresidente, lo cual levanta dudas razonables sobre la autonomía e independencia del máximo tribunal con respecto al Ejecutivo.

Entre las personas allegadas al expresidente Andrés Manuel López Obrador estuvo Hugo Aguilar, quien ganó el mayor número de votos pese a no ser conocido en todo el país. ¿Cómo explicar que fue el más votado en esta elección si no fuese por los ‘acordeones’?

Hugo Aguilar, el nuevo presidente de la Corte, tiene en su pasado inmediato haber operado las consultas indígenas para que las obras emblemáticas de López Obrador, como el Tren Maya y el Corredor del Istmo de Tehuantepec, pudieran realizarse sin que las comunidades protestaran por sus tierras comunales.

Sin embargo, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que esos procesos de consulta no habían cumplido los estándares internacionales de derechos humanos.

También ganaron María Estela Ríos González, exconsejera jurídica de Presidencia con AMLO, y las ministras que votaron a favor de los intereses de éste, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, de acuerdo con los conteos del INE.

Mientras que el Tribunal de Disciplina, que deberá sancionar a las personas juzgadoras por malas actuaciones, está integrado por los ex-consejeros de la judicatura federal, Bernardo Bátiz, exdiputado por Morena y el PRD, y procurador en el gobierno de AMLO en la Ciudad de México, Celia Maya, excandidata a la gubernatura de Querétaro, por el PRD y Morena, y quien fue propuesta por AMLO para ministra en 2019, pero el Senado la rechazó, y Eva Verónica de Gyvés, esposa del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra, quien fue asesor de AMLO durante el intento de desafuero en 2005.

Por otra parte, al menos seis gobernadores de Morena y una del PAN consiguieron que sus excolaboradores y personas cercanas obtuvieran cargos en los tribunales locales, aun sin tener experiencia en la impartición de justicia, sino únicamente en la administración pública.

Entre los gobernadores morenistas están, Rocío Nahle, de Veracruz; Américo Villarreal, de Tamaulipas; Delfina Gómez, del Estado de México; Manolo Jiménez, de Coahuila, Mara Lezama, de Quintana Roo, y Alfonso Durazo, de Sonora. Pero también otros partidos, como el PAN, con Maru Campos, de Chihuahua, lograron colocar a sus allegados.

Otras dos personas ganadoras tienen vínculos con la organización religiosa La Luz del Mundo, cuyo líder, Naasón Joaquín García, fue sentenciado a 18 años de prisión por abuso sexual de menores, y que cuenta entre sus integrantes a diputados de Morena.

Incluso, gracias a esta elección judicial, la exabogada de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, exlíder del cártel de Sinaloa, Silvia Rocío Delgado García, será jueza en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.

Estos resultados comprueban que la retórica del régimen era una falacia. No eligió el ‘pueblo’ y no llegaron los mejores perfiles, sino personas sin experiencia jurisdiccional con compromisos políticos hacia el partido en el poder y a veces nexos con el crimen organizado.

A esto se suma que para la mayoría de la población, lo que ocurrió en las urnas parece no importarle. Tal vez porque les parece lejano. Su vida es la misma con o sin reforma judicial. La cotidianidad de las inundaciones en su colonia, las tres horas de transporte, la remota posibilidad de tener vivienda propia o el clasismo que sufren en sus empleos, son exactamente igual que siempre. En esas circunstancias, los conceptos de “institucionalidad”, “independencia judicial” o “democracia” no les dice nada.

Sin embargo, cuando cualquiera tenga que acudir ante la justicia, encontrará no sólo a trabajadores del Poder Judicial rebasados por la carga de casos e índices de impunidad de 90%, como siempre ha pasado, sino a personas sin experiencia que juzgarán sus casos –probablemente– con base en la instrucción de sus líderes políticos o, aún peor, ni siquiera sabrán cómo hacerlo, ante sus limitados conocimientos de la ley.